Atentos han seguido en el mercado la incorporación de tribunales ambientales en la tramitación del proyecto de ley que modifica la institucionalidad en la materia y respecto del cual la semana pasada se logró un acuerdo político para agilizar la tramitación.
Es que el fallo de la Corte Suprema emitido a mediados de este año, y que paralizó las obras de la central termoeléctrica Campiche no sólo generó preocupación a nivel empresarial, sino que además gatilló que la Confederación Producción y del Comercio (CPC) propusiera la creación de tribunales especializados en la materia. Esto, bajo el argumento de que: “la certeza jurídica es un elemento clave en todo proyecto de inversión”, según afirmaron los timoneles de rama de la CPC.
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