La negociación comenzó color de hormigas, como se dice. Había que renovar la cotizada Ley de Recuperación de Suelos Degradados -el programa original termina el 15 noviembre de 2009-, pero nadie parecía estar de acuerdo y todo indicaba que el humo blanco tardaría mucho en aparecer. Finalmente primó la cordura y la asignación del beneficio seguirá en manos del SAG.
En un lado del ring estaba el Ministerio de Agricultura, que pretendía traspasar la administración de la ley desde el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) a los seremis de Agricultura. Al otro lado estaban los privados que alegaban que la nueva normativa era inaceptable y que se corría el riesgo de transformarla en una herramienta política, perdiendo todos sus elementos técnicos.
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