De aprobarse tal como fue acordada, la ley aumentaría la sanción máxima de los US$ 34 mil actuales a US$8,2 millones para las empresas que causen graves daños ambientales o reincidan en las faltas.
Costó, pero salió. La semana pasada, el Gobierno y senadores de la Concertación y la Alianza firmaron un protocolo de acuerdo que destraba una serie de proyectos de ley que crean una nueva institucionalidad ambiental.
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