La Superintendencia del Medio Ambiente y la participación ciudadana en la evaluación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) están encendiendo un foco de inquietud entre los privados. No sólo la figura de la Superintendencia del Medio Ambiente, ligada al proyecto de ley que modifica la institucionalidad y crea un ministerio para este sector -que ayer fue aprobado por unanimidad en la comisión de medio ambiente del Senado-, ha encendido las alarmas en el sector privado.
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